12. Cintia Rosso

 

Publicado el 10/08/2018


 

Intersecciones entre alimentación y agricultura en el sudoeste de la provincia de Chaco

 

Cintia Rosso*

 

La problemática de la alimentación ha sido analizada con conceptos como autosuficiencia alimentaria, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. En muchos países se han llevado a cabo políticas en consonancia con estas cuestiones, cada una de estas definiciones difieren ya que conllevan implícitamente formas diferentes de concebir la problemática alimentaria y, por ende, las políticas realizadas son significativamente distintas (González y Manzanal, 2010). Sin embargo, en muchas ocasiones, las nociones pueden ser tan amplias que no queda claro a qué están haciendo referencia. Para evitar esta posible ambigüedad, aquí consideramos que la autosuficiencia alimentaria “se alcanza cuando se satisfacen las necesidades alimenticias mediante la producción local, generalmente suele ser un objetivo de las políticas nacionales. Tiene la ventaja de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados localmente y de proteger a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. También asegura el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales” (FAO, 2002). Por su parte, la seguridad alimentaria existe “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (FAO, 1996). En tanto que la soberanía alimentaria “es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001). Es decir que la seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos poniendo en segundo plano las formas en qué son obtenidos esos alimentos, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. El segundo concepto intentaba superar las limitaciones del primero poniendo el énfasis en que se trata de un derecho que debe respetar la diversidad de los pueblos y que debía centrarse en sus propias estrategias de producción. En tanto que la autosuficiencia alimentaria estaría poniendo el énfasis en que se trata de políticas a nivel nacional para fomentar las producciones locales.
En Argentina, a partir de la década del 30 y hasta los 80, los modos de intervención estatal en relación al acceso a los alimentos se basaban principalmente en acciones como la de regular los precios de los mismos, promover la industria, generar trabajo, establecer juntas reguladoras, fijar los aranceles al mercado internacional y, en menor medida, en otorgar asistencia alimentaria. A pesar de que esto no significó una política alimentaria organizada fueron intervenciones que el Estado sostuvo sobre el sistema alimentario nacional— (Couceiro, 2007; Cabral et al., 2012). A partir de los años 90 y hasta el presente, aunque con diversas variantes, las políticas alimentarias se centraron en la elección de aquellos miembros de la familia que son considerados vulnerables (Cabral et al., 2012).
Las prácticas alimentarias se encuentran íntimamente ligadas a las actividades productivas que pueden proporcionar el sustento, siendo la agricultura una de las más significativas. Esta actividad ha tenido suma importancia para la economía argentina. Durante el siglo XX este país consolidó un modelo agro-exportador que lo posicionó en el mercado internacional como proveedor de cereales y carne centrado en la región pampeana (Teubal, 2006). El perfil agrario del país es, desde mediados de los años ´40, producto del accionar del Estado benefactor, popular, nacionalista y planificador, que alentó desde 1950 una vuelta al campo, otorgó precios más favorables a los productores dentro del mercado interno y subsidió a las agroindustrias, las actividades rurales y el cooperativismo agrario a pesar del intento por delinear una Argentina propicia para la pequeña y mediana empresa industrial (Rofman, 1999; Girbal-Blacha 2000; 2008). Este fenómeno es sostenido en los tiempos del Estado desarrollista de fines de los años ´50 e inicios de los ´60, durante el Estado Burocrático Autoritario, en el regreso del peronismo en los ´70, por la economía de la última dictadura militar a partir de 1976 e inclusive con el retorno de la democracia en 1983 (Rofman, 1999; Girbal-Blacha, 2000, 2008). Sin embargo, a partir de los años ’60 el agro argentino ha vivido un extraordinario proceso de expansión tanto de las superficies cultivadas como de los rendimientos (Barsky y Dávila, 2008).
En el caso del sudoeste de la provincia del Chaco, si bien, el cultivo principal ha sido el algodón, la agricultura se fue diversificando con distintos cultivos hasta la introducción de la soja. El desarrollo agrícola, en la provincia del Chaco, se produce a partir de la década del ´90 como parte de un proceso de expansión de la soja transgénica. El capital agrícola a partir de este período comenzó a provenir de otras provincias como Córdoba y Santa Fe así como de capitales extranjeros. Esta introducción conlleva ciertos problemas como la pérdida de biodiversidad, el avance del desmonte en detrimento de las especies nativas, el uso de variedades transgénicas y la introducción de agroquímicos altamente tóxicos ligados a estas variedades de cultivos. Es importante destacar que estos procesos repercutieron tanto en el ambiente como en aspectos socio-económicos de los pobladores. Estas transformaciones hicieron que –junto a una multiplicidad de factores– aquellos que tuvieron en algún momento la producción de recursos en sus manos, dejaran de tenerla afectando tanto a los pequeños y medianos productores que pasaron a ser trabajadores de grandes propietarios provenientes de otras provincias y otras regiones planetarias así como a los pobladores indígenas que realizaban otras prácticas de manejo de los recursos vegetales.
Dentro de este complejo panorama se insertan las políticas nacionales y provinciales que buscan desarrollar la producción de los pequeños productores. En Argentina, a nivel nacional, las políticas relacionadas con la seguridad o soberanía alimentaria se desarrollaron desde programas insertos en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estas políticas que, en algunos casos se enuncian como estrategias de soberanía están más cerca de la seguridad y la autosuficiencia alimentaria. Muchas de ellas han tenido como principal objetivo asegurar que los pobladores vulnerables (niños menores de 6 años, niños en edad escolar, embarazadas y ancianos) accedan a los alimentos considerados básicos. Como mencionan Cabral et al. (2012) la mayoría de estas políticas y programas son acciones estatales que inciden en el “consumo familiar de alimentos” que, en su mayoría, fragmentan a las poblaciones destinatarias, señalando a los “beneficiarios” de manera individual (niños menores de 6 años, niños en edad escolar, mujeres embarazadas, ancianos), no como un colectivo (grupo familiar o comunidad). Esto propicia que la comida entregada a las personas “beneficiarias” bajo la modalidad de vianda se reparta entre varios de los miembros familiares dada la necesidad alimentaria familiar no individual, a excepción de los bolsones. La localización eficiente del “merecedor de la ayuda estatal” está definida por ser considerado portador de una carencia, legitimada por las marcas corporales del hambre que habilitan a ser merecedores de tal asistencia. Son considerados parte de poblaciones biológica como socialmente vulnerables (Cabral et al., 2012).
Por otro lado, los programas de extensión del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) como ProHuerta son los que más claramente intenta favorecer un cambio en el acceso a los recursos alimentarios, en el caso de este último se busca mejorar el acceso a la alimentación de los beneficiarios a partir de la autoproducción en pequeña escala de hortalizas frescas, promoviendo huertas y granjas familiares, institucionales y comunitarias a partir de la problemática local (Fernández y Erbetta, 2007). Lo original de este programa es su propuesta de una “agricultura sin veneno”, una progresiva capacitación, la participación de promotores voluntarios y el acompañamiento sistemático en el terreno mismo (Díaz, 2002). Aunque consideramos que se trata más de autosuficiencia que de soberanía alimentaria ya que busca “la comercialización de excedentes” a partir de prácticas hortícolas que no todos los productores venían explotando y que requieren de capacitación impartida por los técnicos siendo distinto a definir las propias estrategias y políticas sustentables de producción, distribución y consumo. Con esto no queremos desmerecer la importancia del programa que es sumamente interesante y ofrece a los pequeños productores nuevas posibilidades herramientas relevantes, sino que al analizarlo a la luz de los conceptos de se acerca más a la autosuficiencia que a la soberanía. Gran parte de las políticas nacionales a las que se hace referencia aquí fueron relevadas en sitios oficiales del gobierno o de organismos dependientes del mismo y, al momento de la escritura de este trabajo, se encontraban aún en estado de desarrollo, por esta razón muchos de ellos estaban formulados como planes a desarrollar. El discurso y las prácticas han ido variando en pos de un mayor desarrollo de la autoproducción aunque muchas políticas tienen mayor relación con la seguridad y la autosuficiencia alimentaria que con un desarrollo de la soberanía. La creación del Iprose (Instituto Provincial de Semillas), que pretendía promover la producción y el uso de la semilla criolla y nativa en Chaco, como forma de vida y en defensa de la soberanía alimentaria, podría representar un paso hacia la soberanía alimentaria, pero sería un primer eslabón de una larga cadena de políticas que deben ser aplicadas en base a las lógicas locales indígenas y criollas. Sin embargo, por lo que hemos podido observar, hasta la actualidad este proyecto no se ha materializado.


Bibliografía

Barsky, Osvaldo y Dávila, Mabel. 2008. La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
Cabral, Ximena; Huergo , Juliana e Ibáñez, Ileana. 2012. Políticas alimentarias y comensalidad en el avance de la frontera sojera. Papeles del CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva) 78: 1-34. [En línea] URL: http://www.identidadcolectiva.es/pdf/78.pdf
Couceiro, Mónica Elena. 2007. “La alimentación como un tiempo de la nutrición, su disponibilidad y accesibilidad económica. Revista cubana de salud pública XXXIII (3) [En línea]. URL: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000300019&lng=en&nrm=iso
Díaz, Daniel N. 2002. Ejemplos de experiencias educativas orgánicas. Programa ProHuerta. En: Marcelo Pais (comp.), La producción orgánica en la Argentina. Historia, evolución y perspectivas. Buenos Aires, MAPO, Movimientos Argentino para la Producción Orgánica.
FAO. 2002. Producción agrícola y seguridad alimentaria. En: Agua y cultivos logrando el uso óptimo del agua en la agricultura [En línea]. URL: http://www.fao.org/docrep/005/Y3918S/y3918s04.htm
Fernández, Nilda y Erbetta, Hugo. 2007. La seguridad alimentaria en la provincia del Chaco, República Argentina: el caso del Programa Pro-huerta. Cuadernos de Desarrollo Rural (58): 65-98. [En línea]. URL: file:///C:/Users/Cintia/Downloads/1224-3798-1-PB.pdf
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Girbal-Blacha, Noemí. 2000. Ayer y hoy de la Argentina rural. Gritos y susurros del poder económico (1880-1997). Buenos Aires, REUN/Página 12.
Girbal-Blacha, Noemí. 2008. Acerca de la historiografía agraria argentina. Espacio regional, sujetos sociales y políticas públicas. En: Terceras Jornadas de Historia de la Patagonia, Noviembre 6, 2008; San Carlos de Bariloche, Argentina.
González, Fernando y Manzanal, Mabel. 2010. “Agricultura familiar y soberanía alimentaria. Una necesaria articulación en el ámbito del MERCOSUR, desde la perspectiva del caso argentino”. En: VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. América Latina: realineamientos políticos y proyectos en disputa [En línea]. URL: http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/pert/gonzalezmanzanalalasru.pdf
Rofman, Alejandro. 1999. Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar. Buenos Aires, Ariel.
Rosso, Cintia. 2014. Una aproximación a la cuestión de la alimentación y la agricultura en el sudoeste de la provincia del Chaco: actores, políticas y problemáticas. Folia Histórica 22: 65-87.
Teubal, Miguel. 2006. Expansión del modelo sojero en la Argentina de la producción de alimentos a los commodities. Realidad Económica 220: 71-96.
Resumen del artículo: UNA APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO: ACTORES, POLÍTICAS Y PROBLEMÁTICAS publicado en la revista Folia Histórica 22: 65-87 en 2014.


 

* Se graduó en 2007 como Profesora en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). En junio de 2012 se doctoró en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) con una tesis denominada “La etnobotánica de los grupos mocovíes de la reducción de San Javier, en el Gran Chaco, durante el siglo XVIII”. Ha participado de más de 50 reuniones científicas, charlas y congresos. Ha sido profesora invitada en cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Litoral. Cuenta con publicaciones de divulgación en temas relacionados a su actividad. Actualmente trabaja como Investigadora Asistente del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN). Su trabajo se vincula a la etnobotánica mocoví y criolla tanto en la actualidad como a partir de documentos históricos.

E-mail: cintia_rosso@macn.gov.ar / cintia_rosso@yahoo.com.ar

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